El sector laboral venezolano se mantuvo en una especie de “hibernación”, luego de los conflictivos años comprendidos entre 2000 al 2003, que concluyeron con el fracaso del paro cívico petrolero, el cual ocasionó cuantiosas pérdidas a la empresa privada y un alto costo en recursos humanos, con el despido de unos 20.000 trabajadores de Pdvsa.
A propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajador, León Arismendi, consideró que era previsible "que en algún momento la situación de tranquilidad laboral comenzara a quebrantarse". Considera que, aunado a los eventos políticos que han precipitado la actuación masiva de los trabajadores, otro de los factores que han incidido en el malestar de la clase trabajadora es que el Gobierno "ni ha tenido, ni tiene política laboral".
"El tema de los trabajadores cuando aparece en el discurso es como la 'épica' de la clase obrera, pero no porque sea visible que el Estado tenga una política laboral que vaya en tal dirección. Son tan sólo ocurrencias”, señala.
A criterio del abogado laboralista, la ausencia de políticas ha permitido que esas “ocurrencias” aparezcan un día con el entusiasmo de las cooperativas y al otro con la cogestión. Pero todas quedan a medio camino. “No hay una política laboral definida”.
Otro aspecto al cual Arismendi le pone especial énfasis es a la condición militar del actual gobierno.
Señala que los únicos trabajadores que de acuerdo con el convenio 87 de OIT pueden ser excluidos del derecho a la sindicalización, son los militares, por su condición y por cuanto su disciplina es incompatible con la presencia de organizaciones gremiales.
“El que obedece al patrono no será sindicalista nunca”, afirma, y ello se traduce en un permanente choque con la cultura castrense.
Todo lo que signifique negociar no es compatible con la actual administración. “Las actuales cabezas del gobierno, son militares y estos no entienden de civilidad ni negociaciones. El sindicalismo es muy mal visto; y era previsible que el gobierno y los trabajadores a través de su representación en cualquier momento chocaran” admiten.
"Fresca" confrontación
A criterio de Arismendi, actualmente se viven episodios de esa confrontación. Cree el jurista que el Gobierno se encuentra con una realidad adversa, por cuanto con el barril de crudo a 100 dólares se podía mediante decretos, atenuar cualquier protesta, pero en la medida que esa posibilidad se ha ido cerrando, no se pueden satisfacer las demandas.
“Ahora 40 dólares no alcanzan” , indica, mientras asevera que en cualquier gobierno anterior un barril a ese precio habría sido la realización de cualquier ministro de Hacienda para tener unas finanzas holgadas.
Este panorama podría hacer reventar la soga precisamente por el sector público, uno de los que se ha visto más afectados por la reducción presupuestaria en el marco de las medidas para enfrentar la coyuntura económica internacional.
"Bombas de tiempo"
A juicio del especialista consultado, la situación planteada en las empresas de Guayana es una “bomba de tiempo” latente luego que el gobierno "de manera oportunista estimulara el conflicto, e hiciera ofertas a los trabajadores de empresas contratistas también llamados tercerizados, al ofrecer resolver una cantidad de compromisos que ahora no puede atender”.
Dice que la tendencia de los sindicatos del sector público es a presionar hacia la igualdad por el contrato que mejores beneficios económicos logre, como el de los petroleros. Pero si esta contratación representa mayores beneficios, la mayoría de las otras organizaciones sindicales tratará de igualarlas o superarlas.
No obstante, señala que la respuesta del Gobierno es no discutir. “Lo hace de manera brutal, y chantajeando, por cuanto criminaliza cualquier reclamo laboral al señalar que cualquiera que promueva un conflicto, atenta contra el Estado y el gobierno", consideró.
El movimiento sindical: debilidades y fortalezas
Si bien el gobierno estimula la conflictividad como ocurre en el caso de los trabajadores de Guayana, a quienes no se les ofrece respuestas, ni alternativas, Arismendi considera que la clase sindical medirá “el cómo” adelantar sus luchas reivindicativas.
Sobre todo, después del despido de los 20 mil trabajadores de Pdvsa y la tendencia a criminalizar la protesta, ejemplificando con la apertura de por lo menos 85 juicios a igual número de dirigentes sindicales.
“Eso también es típico del militariado. El modo cómo los dirigentes sindicales procesen este proceso de recomposición de fuerzas, permitirá administrar bien las luchas; sin caer en la tentación de las provocaciones que vendrán, por cuanto esta sería una señal que le podría servir al gobierno para ilegalizar a todos los sindicatos”, afirmó.
Admite que la protesta ha mejorado cualitativamente en la medida en que se “despolariza”, asegurando que las manifestaciones sindicales de 2002 eran perfectamente ubicables entre oposición y gobierno y actualmente al Estado se le está requiriendo respuesta como patrono, lo que le da al movimiento sindical mayor peso integrador por cuanto es un movimiento plural como el creado en Guayana “Solidaridad”, que agrupa incluso a afectos al chavismo.
La recomposición de la fuerza sindical se está haciendo sobre la base de la confrontación natural con el empleador que es el Estado, con las particularidades de que es el gobierno del “militariado”.
El manejo de los conflictos por parte del Estado ha sido "demasiado malo" según el entrevistado y eso ha sido de esa manera porque le "pesa" la cultura militar.
Conflictividad "latente"
León Arismendi avizora que de no producirse un diálogo entre los sectores laborales y el gobierno, la conflictividad laboral se va a complicar.
“Lo correcto sería que el gobierno, antes que la crisis económica se agudice, convocara a todos los sectores que tienen proyecto de contrato colectivo y hablarles con franqueza, observando hasta dónde las negociaciones pueden llegar”.
Pero al parecer esa no es la tónica y la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, quien debería tratar de instalar una mesa de dialogo y abrir negociaciones con todos los interesados, no se ve que muestra ningún interés.
Puso como ejemplo el contrato colectivo firmado por el sindicato del Metro de Caracas, donde aparentemente se resolvió el conflicto; pero sólo aparentemente; porque los trabajadores creen que sus reivindicaciones no fueron satisfechas e incluso que desmejoraron.
A juicio de Arismendi “la procesión va por dentro y ocurrirá que si algún otro sector mueve al gobierno de su actual postura hacia arriba, los del Metro volverán por lo suyo. Ese es un rompecabezas que no es fácil armar y permite concluir que no hay política; pues si la tuvieran les permitiría establecer qué ofrecer en cualquier negociación”, concluyó.
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