La respuesta represiva
A quienes en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido directa o
indirectamente los efectos de la represión policial por ejercer el derecho a
la protesta, a expresar lo que pensamos o a denunciar situaciones que
atenten contra nuestros derechos, no nos puede resultar indiferente la
situación de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, hoy presos en el
mismo sitio de reclusión destinados a delincuentes comunes.
Estos trabajadores, junto a un grupo de sus compañeros, vieron en peligro su
estabilidad laboral como consecuencia de la aprobación de la reforma de la
Ley Especial de Régimen Municipal, y decidieron marchar hacia el Tribunal
Supremo de Justicia para introducir un recurso de nulidad de ese instrumento
legislativo. Fueron reprimidos por la Policía Metropolitana, y ahora no sólo
no saben qué va a pasar con sus empleos, sino que tienen que hacerle frente
a un proceso judicial, privados de libertad, como vulgares delincuentes,
acusados de agresión a funcionarios y de otros delitos conexos.
Me preocupa la hipersensibilidad de las autoridades frente a acciones de
protesta que merecen una respuesta diferente a la represiva, sobre todo
cuando se trata de humildes trabajadores, que pueden tener o no sus
afinidades políticas, pero que al fin y al cabo son víctimas de la
polarización, e incluso de la negligencia de los integrantes de la Asamblea
Nacional, que por lo visto no se detuvieron a pensar en la necesidad de
informar y de discutir con estos funcionarios de la Alcaldía Metropolitana
sobre las implicaciones que para ellos traería esta reforma de la ya citada
Ley Especial.
Si esos trabajadores, como se ha dicho desde la Asamblea, no van a perder su
empleo, la respuesta, en lugar de "gas del bueno", tiene que ser diálogo,
información, y garantías concretas de que nada les va a ocurrir. Y no la
represión. No he visto ni uno solo de los líderes de la Unión Nacional de
Trabajadores o de la Central Socialista de Trabajadores decir esta boca es
mía siquiera para preguntar cuál es la situación de estos infortunados
venezolanos. Tampoco ha dicho algo la Defensoría del Pueblo frente a esta
preocupante tendencia a la criminalización de la protesta. Es inevitable que
las declaraciones de altos funcionarios del Estado advirtiendo que quienes
alteren el orden público serán sancionados penalmente, nos hagan recordar
vivencias de situaciones similares en los tiempos del bipartidismo, cuando
la represión era el recurso favorito para impedir la expresión de la
protesta popular. Es inevitable también que se parezca mucho al pasado eso
de atribuirle carácter desestabilizador a cuanta protesta se realice, aunque
en la época actual sea protagonizada, en algunos casos, por sectores afines
al propio presidente Hugo Chávez.
Siendo este un gobierno autodeclarado de izquierda, falta, paradójicamente,
mano zurda para abordar muchos de estos problemas. Ni la policía con sus
gases y sus perdigones, ni un discurso de un oficial de la Guardia Nacional,
y mucho menos el anuncio de medidas represivas para quien ose alterar el
orden público pueden sustituir democrática y eficazmente el papel social de
muchos dirigentes del chavismo, que hoy le sacan el cuerpo a asumir la
responsabilidad política de alertar al gobierno en cuanto a que por la vía
que vamos nos esperan momentos de confrontación más severos, y de salir a la
calle a dar las respuestas necesarias a las demandas populares.
No es cerrando el camino al diálogo, restringiendo los espacios para que la
disidencia y la protesta puedan expresarse, ni sobre la base de un ejercicio
prepotente del poder como puede hacerse realidad el proyecto de país
plasmado en la Constitución de 1999. La tentación represiva es mala
consejera.
El Nacional
