El Foro Penal Venezolano (FPV) y otras organizaciones no gubernamentales denunciaron que en una semana documentaron 14 violaciones directas de los derechos humanos, así como 85 detenciones y retenciones.
El abogado Alfredo Romero, miembro del FPV afirmó que el país ha vivido una semana "de grave represión". Explicó que han documentado 85 detenciones y retenciones en los estados Mérida, Aragua, Barinas, Anzoátegui, Trujillo, Lara y Carabobo. Según sus registros, al menos dos personas al por día fueron retenidas ilegalmente.
Mónica Fernández, miembro del FPV denunció que, a diferencia del primer cierre de RCTV, en esta oportunidad hubo retenciones arbitrarias efectuadas por parte de funcionarios policiales y por fuerzas de seguridad del Estado que no fueron presentadas antes los tribunales de la República.
"Esto es un riesgo grave para configurar desapariciones forzadas de personas. Nosotros documentamos casos en los cuales de una comisaría a otra nuestros activistas de derechos humanos tuvieron que averiguar donde estaban esas personas y ni siquiera fueron presentadas ante los tribunales (…) Otro de los puntos en que hicimos énfasis es que en aquellos estados en los que gobiernan personas de tendencia oficialista se produjeron la mayor cantidad de detenciones y la mayor cantidad de violaciones directas a los derechos humanos", explicó Fernández.
La representante del FPV indicó que estas acciones coinciden con "la orden emitida por el Presidente de la República en una de sus cadenas, en donde decía que la policía que no reprimiera manifestaciones sería intervenida".
"No en vano, los estados Mérida, Lara, Anzoátegui, Aragua, Trujillo y Barinas fueron los estados donde más violaciones de derechos humanos se registraron en nuestra documentación", expresó.
Los representantes del FPV, calificaron como "algo muy grave" precalificaciones jurídicas como instigación a delinquir, obstaculización de la vía pública y delitos que pudieran superar ocho años de cárcel.
"Mientras esto sucede, el Ministerio Público persigue a comunicadores sociales, cómicos, actores, miembros de la sociedad civil, pero no se ocupa del conocimiento de violaciones de derechos humanos" dijo Fernández.
Persecución política
La representante del FPV señaló que el castigo a la disidencia política se ha convertido en una herramienta de persecución política.
"No cabe duda que en este año electoral el castigo a la disidencia política, el castigo a la libertad de opinar y el castigo a todo aquel que piensa distinto se está convirtiendo en una herramienta de persecución política. En la medida, señor Presidente, que los derechos humanos al mando de su régimen político disminuyan, la democracia está disminuyendo por igual para todos", sentenció Fernández.
Gonzalo Himiob, otro integrante del Foro Penal Venezolano, informó que las denuncias de violaciones a los derechos humanos serán sistematizadas, se les otorgará la calificación jurídica que corresponda y serán remitidas para que amplíen el expediente que ya existe en el Tribunal Penal Internacional como prueba de "la sistematicidad de los ataques en contra de los venezolanos".
