El diputado a la AN, Eduardo Gómez Sigala, en el marco de la segunda discusión de la Ley Orgánica contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, advirtió que esta legislación tiene como propósito mantenerse confusa para intimidar a la población, y en especial a la disidencia. Además, considera que es una reedición de la "Ley Sapo".
"Este proyecto no tiene propósito de sancionar, sino intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la ley", aseveró.
Además, Gómez Sigala alertó el uso de los convenios internacionales en la materia "con interpretaciones a medias".
En el transcurso del debate, además, la bancada parlamentaria de la MUD destacó las competencias que el nuevo proyecto de ley quita al Ministerio Público para otorgarlas al Poder Ejecutivo. Al respecto, Gómez Sigala recordó que la Oficina para la Prevención del Terrorismo y la Delincuencia Organizada, creada en la ley, sustituye las potestades que se le dan a la Fiscalía en los artículos 36 y 37 de la ley vigente en la actualidad.
Asimismo, condenó que se consagre la delación en la ley e insistió en que "se trata de la Ley Sapo en otra versión, es una nueva interpretación actualizada de la modalidad de la denuncia".
También, sobre las definiciones, Leomagno Flores (MUD), aseveró que la ley pretende "judicializar" la protesta, mientras que Deyalitza Aray (Carabobo) sugirió modificar la definición de "agente encubierto" para agregar su carácter excepcional, en vista de "la poca confianza que tiene la ciudadanía en los cuerpos de seguridad".
Asimismo, el diputado José España (PJ) advirtió que el proyecto viola cerca de 20 artículos de la Constitución, entre ellos, los que contemplan el derecho a la participación, asociación, reunión y debido proceso. Destacó que en esta ley todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario y la calificó de "ley del delator".
"Órganos de seguridad están vinculados a la delincuencia"
Por su parte, La diputada Vestalia Sampedro (Carabobo), señaló que "todos sabemos que la mayoría de las instituciones públicas garantes de la seguridad en el país, están vinculadas a la delincuencia organizada".
Durante la discusión de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la parlamentaria reconoció que sí debe tipificarse la creación de una oficina que coadyuve en esta lucha, sin embargo, que "no esté asociada con el Ministerio de Interior y Justicia sino con la Fiscalía General de la República".
"Todos sabemos que la mayoría de los organismos de seguridad le dan apoyo a la delincuencia organizada, permitiendo que sucedan este tipo de hechos".
