En el orden de 800 personas son asesinadas todos los meses en el área metropolitana, mediante ataques hamponiles, y más del 98 por ciento de los casos quedan impune, porque la policía científica carece de técnicos especialistas; la mayoría renunció, unas veces como parte del disgusto silente del personal; otras, porque la empresa privada ofrece mejor salario y menor riesgo. Lo refleja así el análisis criminalístico desarrollado por el doctor Rafael Narváez, quien está dedicado a velar por los derechos humanos de la población. Enfatizó que en la región capital se han registrado 1.800 homicidios entre enero y lo que ha transcurrido del mes de octubre. Las autoridades levantaron los cadáveres, colectaron evidencias, identificaron a las víctimas e instruyeron expedientes, pero el proceso judicial quedó inconcluso, porque en el 98 por ciento no concluyó con la captura de los indiciados. En otras palabras, dice Narváez, “Venezuela está convertida en una gran funeraria, mientras las ciudades están colmadas de asesinos, que muchas veces son contratados para actuar como sicarios dispuestos a matar a cambio de una porción de dinero”. El secuestro ha pasado a formar parte de la práctica delictiva en el país. A su paso ha generado 12 plagiados asesinados. Este baño de sangre que está recibiendo el país se complementa en las cárceles, donde han sido ultimados 350 reclusos. Finalizó Rafael Narváez al destacar, que la anomia de las autoridades, apuntalada por la falta de técnicos en ejercicio, es el generador principal de los múltiples crímenes ejecutados en los últimos años. Considera que los cuerpos de investigación tienen al frente a directivos más dispuestos a participar en política que en la pesquisa pura. En ese orden, no han dispuesto recursos para mejorar las condiciones de los laboratorios de criminalística, ni la Medicatura Forense. Mientras tanto, cada fiscal del Ministerio Público se encarga de formalizar hasta 3 mil causas, por eso, en los tribunales de Justicia están paralizados y sin atención, más de 6 millones de expedientes, según declaración emitida hace pocos meses, por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República.
