Los CLAP aspiran a repartir una bolsa de comida a la semana, pero por ahora dan una al mes | Foto Raúl Romero
El gobierno de Nicolás Maduro creó los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción como un nuevo método de
distribución de alimentos que intentará acabar con las redes de
bachaqueros. Ya se han conformado más de 9.000 grupos y en varios
lugares han comenzado a repartir bolsas de comida en medio de una
escasez que según los economistas se acentuará aún más. El nuevo
mecanismo, coordinado por Freddy Bernal, ha abierto una nueva zanja para
la segregación y el control político a través de la comida
El viernes 20 de mayo, 661
familias de la parroquia El Paraíso tuvieron su día de suerte. Por
primera vez en meses experimentaron algo similar a lo que hace unos años
era normal en Venezuela y sigue siéndolo alrededor del mundo: tuvieron
acceso a alimentos básicos sin sobreprecio y haciendo una cola de solo
unos pocos minutos.
“No conseguía ni
leche ni azúcar. Llegar con esto a la casa es como tener oro”, afirmó
Gregoria Ojeda, una joven madre del barrio La Morán, tras salir del
Pdval de esa comunidad con una bolsa de productos.
Ojeda
es epiléptica y recientemente pasó una semana hospitalizada porque no
encuentra la medicina que le evita las convulsiones. Pero ese y otros
problemas los olvidó en el instante en que tuvo la posibilidad de
comprar por 1.800 bolívares 2 kilos de arroz, otro de azúcar,
mantequilla, harina de maíz, un litro de aceite y otro de leche, salsa
de tomate, leche condensada y chicha. Si en el mundo de los ciegos el
tuerto es rey, en la Venezuela de la escasez la felicidad puede
depender de una bolsa de comida.
“Hace
poco más de una semana el CLAP (Comité Local de Abastecimiento y
Producción) hizo el censo en nuestra comunidad y hoy estamos comprando
toda esta bolsa por lo que habría costado un paquete de harina
bachaqueado”, contó Ojeda.
Pero el
hallazgo es efímero. En El Paraíso los CLAP comenzaron a repartir
alimentos el martes 17 de mayo y el Pdval de La Morán es el único centro
de distribución disponible hasta ahora. Líderes de la zona indicaron
que se venden bolsas de comida a 2 consejos comunales por día y en toda
la parroquia hay 32, por lo que en principio cada miembro recibirá
aproximadamente una bolsa por mes, pues el establecimiento cierra los
domingos y lunes.
“Los dos kilos de
arroz me dan como para cuatro días, pero al menos se agradece eso. Nos
han dicho que el objetivo es que se reparta una bolsa por semana”,
indicó Ojeda.
El beneficio tampoco
llega a todo el mundo. De acuerdo con sus voceros, los consejos
comunales de El Paraíso abarcan entre 211 y 500 familias, por lo que los
32 deben atender a cerca de 11.600 grupos familiares. Si se toma en
cuenta que, según el INE, en cada vivienda viven 3,9 personas, los CLAP
proveerán productos a más de 45.000. Eso deja por fuera a casi 60% de
los habitantes de la parroquia, en la que viven 109.622 personas según
el último censo. Las zonas históricamente chavistas son las
privilegiadas.
Discriminación.
“Por aquí hoy estuvo un chico de Vista Alegre preguntando cómo podía
comprar una bolsa. No le pudimos dar porque este no es su consejo
comunal, pero le enseñamos cómo pueden construir uno para luego formar
su CLAP. La organización es clave en todo este proceso”, contó Luz
Carolina Poveda, vocera de uno de los consejos comunales que el 20 de
mayo recibieron productos.
El nuevo
mecanismo de distribución obliga a los venezolanos a insertarse en las
estructuras organizativas creadas por el chavismo para poder tener
acceso a los alimentos. Los CLAP se eligen en asambleas hechas entre los
miembros de los consejos comunales, las Unidades de Batalla Bolívar
Chávez (UBCH), Unamujer y el Frente Francisco de Miranda, todas
organizaciones politizadas en mayor o menor medida.
“Desde
la teoría no está planteada la discriminación. Esas reuniones son
abiertas, pero cuando se hacen las convocatorias los opositores no van.
Ellos mismos se autoexcluyen porque la polarización política es muy
fuerte”, aseguró Rubén Mendoza, miembro de los Círculos Bolivarianos
Originarios en la parroquia El Valle, donde los CLAP también han
comenzado a repartir comida.
Todos
los dirigentes chavistas interrogados para este trabajo aseguraron que
no existe un lineamiento central del partido que pida la discriminación
en la distribución de bolsas de comida. A la vez, defendieron la
participación de instancias afines al oficialismo por su importancia
como herramientas de “participación popular”. Sin embargo, este tipo de
repartición otorga mucha discrecionalidad a los voceros de cada CLAP,
que terminan teniendo potestad para decidir sobre el bocado de la gente.
Son
los responsables del CLAP los encargados de censar a los habitantes de
su sector y el día de la entrega de bolsas chequean en listas quién está
autorizado para llevarse los productos. También ponen las reglas para
definir los horarios y métodos de entrega, así como cuánto le toca a
cada grupo.
“Si llega comida para
todos, muy bien. Pero si hay que priorizar, se prioriza. Esa es mi
opinión muy personal. No voy a dejar de darle a un revolucionario para
entregarle a alguien que luego va a estar hablando pestes del gobierno”,
advirtió Haydee Toro, jefa de una UBCH en Fila de Mariches, estado
Miranda, que fue electa para el CLAP de su comunidad. En ese sector
empezaron a hacer los censos y hasta la semana pasada no se había
materializado la entrega de alimentos.
Como
no existen reglas generales y comunes para los más de 9.000 CLAP que se
han constituido, según el gobierno, en cada uno aplican ciertas normas
que terminan discriminando a algunos grupos.
Por
ejemplo, en la parroquia El Paraíso quedaron fuera de la repartición
los hombres que viven solos, informó Poveda, mientras que en Mérida se
entregaron más productos a las familias con niños pequeños o adultos
mayores, indicó Carlos Castillo, un dirigente social de la zona de
Bailadores.
Freddy Bernal fue
nombrado recientemente jefe del centro de control y mando de los CLAP.
Cuando se le contactó para conocer si se empezarán a aplicar criterios
más uniformes en todos los comités, el dirigente del PSUV informó que
por lo momentos no está dando entrevistas sobre el tema.
Uso político.
Pero no toda la discriminación registrada hasta ahora es personal.
También se han denunciado casos de exclusión de sectores enteros debido a
su supuesta situación económica.
Luis
Ramírez, dirigente comunal de La Pastora, aseguró que más de cinco
CLAP que se organizaron en el casco histórico de esa comunidad hicieron
los censos correspondientes pero no han recibido comida para repartir.
“Nos llegaron a decir que la gente del casco histórico somos de clase
media y mantuanos, por lo que no merecemos alimentación”, contó Ramírez.
La
situación ha sido distinta con consejos comunales de otros sectores de
la misma parroquia, como El Polvorín, La Toma y Camino de los Españoles,
indicó el vocero. Todos son lugares más populares y donde el chavismo
ha sido fuerte tradicionalmente.
En
la parroquia Candelaria ocurre lo mismo. A un vocero de un consejo
comunal de la avenida México, que prefirió declarar en condición de
anonimato, le informaron en una reunión que se concentrarían en las
zonas populares como Sarría.
Todo
esto parece revelar una estrategia: blindar la base de apoyo del
gobierno, cuya aprobación está ubicada desde hace meses entre 25% y 30%
según distintas encuestas. Este objetivo es vital para que el
oficialismo logre resistir lo que queda de año y evite que el
descontento popular presione la realización de un referéndum que podría
sacar al chavismo del poder.
“Buscan
evitar una pérdida mayor de piso político al garantizar que sean sus
seguidores los que obtengan los productos. El estado de excepción deja
la puerta abierta para una distribución segregacionista de los bienes”,
advirtió el politólogo John Magdaleno, también director de la firma
Polity.
En los lugares donde han
llegado las primeras bolsas, estas terminan siendo una esperanza de que
la crisis y la escasez son superables. Pero la alegría puede ser efímera
si las entregas no son suficientes para satisfacer las necesidades de
la gente.
“Claro que se calma la
rabia. Creo que las cosas pueden mejorar. Si no se reparte la comida
así, se meten las mafias y nada alcanza. Para la próxima espero que me
den pollo y carne”, manifestó Larry Castillo al salir con una bolsa del
Pdval de La Morán para él, su esposa y su bebé. Luego de responder tuvo
que firmar y poner su huella en una planilla hecha por los miembros del
comité, en la que quedó registrado que recibió alimentos ese día.
La
rabia de la que habla Castillo es la misma que ya ha desatado saqueos
en abastos de zonas populares, tal como ocurrió el pasado martes en
Carapita, una de las zonas más chavistas de Caracas.
Dirigentes
de la plana mayor del partido han admitido que sí se concentrarán en
determinados lugares, aunque dicen tener motivaciones distintas.
“¿Cuál
es nuestra prioridad? Las personas con mayor índice de pobreza, las
personas con discapacidad, los adultos mayores e igualmente los sectores
donde hay bases de misiones, que son sectores que no tienen, digamos,
muchos servicios públicos”, declaró el 10 de mayo Daniel Aponte, jefe de
gobierno del Distrito Capital, a Venevisión.
La
repartición discrecional es posible debido a que el PSUV tiene el
contacto directo entre las comunidades y el Ministerio de Alimentación
para programar la repartición de productos.
“Cada
CLAP tiene su coordinador, que sirve de enlace con la gobernación o el
ministerio para gestionar las cantidades necesarias. También hay
coordinadores por sectores para conocer las necesidades en todos los
lugares”, señaló Isidro Figueroa, jefe de un Círculo de Lucha Popular
del PSUV en Maturín, estado Monagas.
En
la parroquia La Pastora, Ramírez denunció que la coordinación ha
recaído en los miembros de la dirección parroquial del partido, quienes a
su vez se comunican con la dirección municipal para que hagan el enlace
con el ministerio. Luego de varias protestas, al consejo comunal de
Ramírez le explicó la dirigencia del PSUV que “no ha sido fácil el tema
de la alimentación”.
“Así como en la
Unión Soviética el lema era ‘Todo el poder para los soviets’, aquí en
Venezuela avanzamos hacia ‘Todo el poder para los CLAP’. Al final
corremos el riesgo de parecernos cada vez más al socialismo soviético
con las arbitrariedades y contradicciones que terminó teniendo”,
advirtió Magdaleno.
El CLAP y la estructura chavista parecen ser los que decidirán dónde se come y dónde no.
Repartir la escasez.
Pero el problema de la escasez no es solo de distribución, sino también
de producción de alimentos. Gremios como la Cámara Venezolana de
Industria de Alimentos y Conindustria han afirmado que la crisis no se
superará mientras no se aumente la capacidad productiva del país.
Por
ahora eso parece difícil, pues el otorgamiento de divisas para la
adquisición de materia prima ha caído drásticamente este año. El
vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, informó a
Bloomberg que en 2016 se pretenden reducir las importaciones a 20
millardos de dólares, 46% menos que los 37 millardos de 2015.
De
acuerdo con la última encuesta de coyuntura de Conindustria, 70% de las
empresas de alimentos ha reducido su producción. Más de 85% de los
agremiados señaló la falta de divisas y proveedores como la principal
razón de la caída. La mayoría considera que la situación empeorará
debido a los escasos inventarios.
Ante
el escenario gris, el chavismo se plantea dos soluciones: la
agricultura urbana y concentrar la mayor cantidad posible de productos
en los CLAP.
Durante el mes de mayo,
el presidente Nicolás Maduro habló de estos comités cada vez que
apareció en televisión. Asimismo, mencionó la agricultura urbana como un
remedio endógeno para mejorar la producción en 41% de las ocasiones que
salió en pantalla.
Con respecto a la
segunda solución, varios voceros del chavismo, entre ellos el
gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, han señalado que la red
privada de abastos y supermercados tiene que ser integrada al plan de
distribución de los CLAP.
“La idea
sería que los productos básicos y escasos que les llegan nos los den
para que nosotros los repartamos, mientras ellos siguen vendiendo
normalmente cualquier otra mercancía. Hasta ahora se han mostrado
receptivos”, indicó Figueroa sobre el caso de Monagas.
En
la capital ya se registraron las primeras denuncias de consejos
comunales acudiendo a abastos privados para llegar a acuerdos similares.
Ocurrió en la parroquia Candelaria, afirmó Carlos Julio Rojas,
coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas. “El problema es
que los habitantes de zonas como la Candelaria y San Bernardino no
tendremos cómo comprar productos básicos si los abastos privados se los
dan a los CLAP y estos comités no reparten a los vecinos de lugares de
clase media”, alertó Rojas.
John
Magdaleno considera que el estado de excepción permite presentar a estos
comités de abastecimiento como “una amenaza” para las unidades de
producción y el sector privado en general. “Podrían terminar siendo
organismos que legitiman intervenciones arbitrarias armando
expedientes”, advirtió el politólogo.
La contraloría.
Otro problema que surge ante el método de distribución de los CLAP es
cómo se vigila que el nuevo contralor que tiene la tarea de acabar con
las redes de bachaqueros no se convierta en otro proveedor de productos
para esas mafias.
Desde hace varios
años la Contraloría General de la República ha evaluado el desempeño de
otras experiencias de organización popular, como consejos comunales y
comunas, y ha encontrado diversas debilidades y delitos en estas
estructuras.
Por ejemplo, entre 2009 y
2013, el ente halló irregularidades en la vigilancia de los recursos
otorgados a consejos comunales en 92,8% de las inspecciones que hizo a
estas instancias del poder popular.
Desde
los propios CLAP aspiran a que esa vigilancia no sea necesaria gracias a
un fenómeno similar al surgimiento del hombre nuevo por el que clama el
socialismo en la teoría. “Esta es una nueva estructura mucho más
filtrada. Es verdad que han ocurrido cosas con los consejos comunales,
pero es porque son muy grandes y las cosas se escapan de las manos.
Estos nuevos voceros se seleccionan en asambleas y la gente los conoce,
por lo que existe la garantía de que son revolucionarios comprometidos”,
indicó Figueroa.
El nuevo remedio
socialista para la crisis ya está en marcha y solo queda por ver si
chocará contra la realidad. Las 661 familias de El Paraíso esperan que
días como el 20 de mayo ya no sean de suerte, sino que se conviertan en
la norma. Si eso no ocurre, el hambre guiará sus acciones.
¿Y qué tiene la bolsa?
En
el barrio La Morán los CLAP aseguraron a los compradores que no habían
podido repartir pollo ni carne la semana pasada porque las importaciones
de esos productos desde Brasil se habían complicado luego del
impeachment a Dilma Rousseff.
Esas y
otras proteínas brillan por su ausencia en la mayoría de los lugares
donde se reparten bolsas de comida, en las que predominan los
carbohidratos como arroz, pasta o harina de maíz.
El 20 de mayo en La Morán entregaron aceite, arroz, leche, harina, mantequilla, salsa de tomate, leche condensada y chicha.
Días
antes, el 9 de mayo, en Bailadores, Mérida, repartieron 1 litro de
aceite, 2 kilos de arroz, 2 de azúcar, un paquete de avena, uno de
chicha y 2 kilos de caraotas. Por eso pagaron 600 bolívares, indicó
Carlos Castillo, habitante de la zona.
Pero
incluso esos productos podrían empezar a faltar en las bolsas en el
futuro si no se resuelve el problema de producción que enfrenta la
economía venezolana.
“Cualquier plan
que se enfoque en la distribución de alimentos y no en mejorar la
producción no tiene posibilidades de éxito”, afirmó Tomás Socías,
economista y ex presidente de Cavidea.
De
acuerdo con cifras de Conindustria, 8.000 empresas han cerrado en
Venezuela desde 1996, un tercio del total de compañías que había para
entonces, y actualmente se está produciendo a 43% de la capacidad
instalada.
El principal problema es la indisponibilidad de divisas para adquirir materias primas o pagar a proveedores.
Socías
considera que hay que tomar tres medidas básicas para restablecer la
producción: eliminar los controles de precio, dejar flotar la cotización
de las divisas y despenalizar el dólar libre. Hasta ahora esas
recomendaciones no se han ejecutado o se han aplicado tímidamente.
El
gobierno quiere que los CLAP también distribuyan medicinas, productos
de higiene personal y otros rubros como uniformes escolares, anunció el
presidente Nicolás Maduro.
Sin
embargo, esa meta luce difícil considerando que más de 70% de los
miembros de Conindustria señalaron en la última encuesta de coyuntura
que su producción bajó.
“Este método
de distribución debe mantenerse mientras dure la guerra económica, pues
es la forma de combatir a los bachaqueros. Luego de eso quizá en algún
momento se podrá volver a los métodos anteriores, cuando la gente iba a
la tienda y compraba”, expresó Luz María Poveda, cabeza del CLAP del
barrio La Morán.
El politólogo John
Magdaleno alertó que el nuevo sistema de distribución para acceder a
bienes esconde una “vulneración” a las garantías económicas consagradas
en la Constitución. “Se está tratando de cambiar nuestro modelo
económico sin hacer cambios primero en la Constitución. Es peligroso
porque estos CLAP no tienen experiencia en
materia económica y ahora van a pretender regular la economía”, destacó el analista.
Herramienta de control
El
nuevo decreto de estado de excepción, publicado el 16 de mayo,
sorprendió por la importancia que le da a los CLAP en temas que incluso
van más allá de la distribución de alimentos, la razón primordial para
la que fueron creados.
Los puntos 1,
3, 8, 9 y 16 les otorgan poderes especiales para repartir comida,
“mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del
país”, para lo cual se les atribuyen funciones de “vigilancia y
organización”.
En la práctica los miembros de los CLAP todavía no conocen cuáles serían sus funciones como vigilantes del orden público.
“No
hemos recibido ningún lineamiento en ese sentido, pero esperamos que en
las próximas reuniones el tema entre en agenda”, indicó Luz María
Poveda, miembro del CLAP del barrio La Morán.
Carmen
Martínez, jefa de una UBCH de la zona, la secundó: “Esperamos que sea
Freddy Bernal el que se reúna con nosotros. Él nos sirve de guía y es el
único que ha subido a La Morán”.
El
nombramiento de Bernal como jefe del centro de control y mando de los
CLAP es un dato clave debido a la importancia que ha tenido este
dirigente en la organización de los sectores populares que simpatizan
con el chavismo desde que se formaron los círculos bolivarianos en el
año 2000.
Bernal, ex alcalde de
Caracas y miembro del Grupo Ceta de la Policía Metropolitana hasta antes
de participar en el golpe de Estado de noviembre de 1992, siempre ha
sido identificado como uno de los cerebros detrás de los grupos de
choque del oficialismo.
En 2014,
cuando arreciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y
el PSUV llamó a que sus unidades de base, las UBCH, las repelieran en la
calle, Bernal hizo las tareas de jefe de defensa y seguridad del
partido en Caracas, la ciudad más importante de mantener en calma debido
a su peso político.
Miembros de las
UBCH indicaron en ese tiempo que el entonces diputado del PSUV tuvo
varias reuniones con ellos para coordinar la defensa de la capital junto
con funcionarios militares, entre ellos el mayor general Gerardo José
Izquierdo Torres, para ese momento jefe de la Región de Defensa
Integral Central. Esta área está a cargo actualmente del general de
brigada del Ejército Carlos Alberto Martínez Stapulionis, quien ejecutó
el estado de excepción y cierre de la frontera en Táchira en agosto.
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